Desde el jueves pasado las zonas de Quintero y Puchuncaví han sido afectadas por la emanación gases contaminantes por parte de las empresas del cordón industrial. Más de 300 intoxicados y medidas que aún no son insuficientes impulsan a la comunidad a denunciar las constantes practicas que han generado una sistemática contaminación del borde costero.
Ocho episodios de intoxicación desde 2011, 25 varamientos de carbón, 26 peak de dióxido de azufre (SO2), dos derrames de petróleo y 54 años de funcionamiento de un cordón industrial que contamina sistemáticamente la bahía de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, este es el escenario con que se deben enfrentar los vecinos de la zona de sacrificio, los mismos que desde el jueves enfrentan una nueva crisis producto de la emanación de gases contaminantes al aire por parte de las empresas ubicadas en la costa.
Desde que comenzó la crisis, la zona ha sido un foco de atención para las autoridades, incluso se han extremado las medidas, las que por cinco décadas habían sido desatendidas, según cuentan los habitantes de Quinteros. Una de las primeras acciones fue reforzar el hospital, el cual según comentó Juanita Fernández, presidenta del departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio Médico regional de Valparaíso, “no cumple con lo necesario para ser un hospital, es más bien una posta que está en la zona de inundación de la comuna”.
Por lo mismo, fue necesario que se reclutara personal de la Fuerza Aérea y de la Armada para atender la emergencia que crecía por hora desde el jueves.
El Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, luego de una reunión con los vecinos, dijo: “no vamos a levantar la alerta amarilla y no vamos a volver a clases con los niños mientras no tengamos la absoluta seguridad que no va a haber un episodio de contaminación”.
Frente a esta declaración, Carolina Orellana, parte de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, dijo que la alerta amarilla decretada por el gobierno “dada la contaminación de los distintos gases y metales pesados que respiramos, es una alerta amarilla básica que no nos sirve. Es una alerta amarilla que indica que los niños y personas más sensibles a la contaminación permanezcan en sus casas o se alejen del territorio. Pero esta alerta no frenó las faenas del parque industrial, porque una cosa es cerrar ENAP y sus contenedores de hidrocarburos y otra muy distinta es frenar las faenas y eso no se ha hecho, esto es un show mediático con el que nos están tratando de engañar permanentemente”.
Según explicó Carolina Orellana, hoy han surgido nuevas interrogantes, porque “como estamos recién conociendo estos gases no sabemos cuál va a ser el protocolo o la normativa ni qué pasaría con la población si estamos expuestos a un doble Peak de dióxido de azufre junto a otros gases, entonces lo que estamos conscientes es que el daño a los niños es irreversible e irreparable, siempre ha sido así. El vivir en una zona de sacrificio es condenar a las personas a que desarrollen cáncer, esa es una realidad que se han querido invisibilizar con fuerza por todos los gobiernos, por lo tanto, esto tiene que ver con una estrategia del Estado para vulnerar nuestros derechos permanentemente”.
“Lo que está pasando es la intoxicación más grave en la historia de esta zona de sacrificio y queremos el cierre inmediato de las termoeléctricas obsoletas a carbón, queremos que se detenga el crecimiento del parque industrial y de todas las concesiones marítimas que están en carpeta, que son cinco. Queremos el restablecimiento de la normativa para metales pesados y la construcción de normativa para gases que las normativas que están ausentes en esta legislación sean de verdad con urgencia puesta en marcha para así tener una mayor fiscalización. Creemos que es fundamental que todas las personas de Quintero y Puchuncavi sean examinadas a la brevedad, hagan un catastro de toxicología clínica para que nos midan los metales en sangre a través de muestra de pelo, uñas, orina y sangre y estamos exigiendo que todos los niños afectados desde 2008 en eventos de intoxicación el Estado se haga cargo de sus chequeos médicos regularmente y de cualquier tipo de tratamiento que cualquier niño o niña tenga que recibir producto del deterioro de su salud debido a estas emanaciones de gases y metales pesados”, aseguró la activista.
Por su parte, Andrés León, representante de la organización Dunas de Ritoque explicó que presentará una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente contra las empresas que han desarrollado una contaminación permanente en el territorio y que hoy son responsables de la intoxicación de niños en la zona. “Tomaremos todos los antecedentes que tenemos sobre las declaraciones de impacto ambiental de las diferentes empresas y con esta información buscaremos que el organismo fiscalizador haga su trabajo”.
Plan de descontaminación
El Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez rechazó en diciembre de 2017, tenía como línea base un aumento de las tolerancias para la contaminación, lo que generaba que las empresas pudieran emitir una mayor cantidad de gases tóxicos al aire.
Los indicadores utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente para presentar dicho plan fueron obtenidas de las estaciones de monitoreo que son las que miden los contaminantes, las que, según Hernán Ramírez, asesor técnico de la comunidad “son de propiedad de las mismas empresas que emiten los contaminantes, por lo que estos valores son regulados por quienes los emiten, las empresas que hacen la calibración de estos equipos son pagados por las mismas empresas. Entonces qué garantía tiene la sociedad civil si las mismas empresas contratan a los laboratorios que calibran los equipos, porque son esos equipos los que mandan la información al ministerio que son los que dicen está bien o está mal la comunidad”.
En este sentido, Ramírez explica que “Chile no tiene una norma de calidad de arsénico a pesar que somos un país productor de cobre que se relaciona con niveles importante de emisiones de arsénico. Hubo una norma que duró cuatro meses y que fue suprimida en 1994 con el compromiso de parte del estado de restaurarla a la brevedad”.
“Pasa lo mismo con las normas de emisión de termoeléctrica y fundición que fueron aprobadas por el anterior gobierno de Sebastián Piñera que son normas permisivas, fáciles de cumplir por parte de las empresas y que no permiten garantizar que los niveles de contaminante que respiran las comunidades sean seguros”, profundizó el vecino de Quintero.
Puerto que amenaza con reventar Quintero
De parte de la comunidad ha surgido la duda de si la paralización de faenas de ENAP es una pantalla para cubrir la aprobación final del puerto multipropósito Oxquim que se pretende construir en la costa que ha sido afectada por la saturación empresarial en el territorio.
Según planteó Hernán Ramírez, “Oxiquim es un puerto multipropósito que fue aprobado ambientalmente el año pasado y que hoy está buscando terminar su proceso de obtención de la concesión para posteriormente ser construido. Este puerto está destinado para el embarque de concentrado de cobre, descarga de carbón, combustible y productos químicos. Hace dos semanas fue aprobado por el Consejo Regional de uso del Borde Costero en la Quinta Región por lo que sigue en trámite ahora con la Armada”.
Este puerto está considerado dentro de la agenda de la nueva oficina de proyectos sustentables, que busca dar viabilidad a proyectos que habían estado frenados en el gobierno anterior y que apuestan a agilizar la economía en este periodo.
Sin embargo, dicha apuesta se topa con la realidad ambiental de una comuna que exige que no se construyan más iniciativas empresariales. “La construcción contempla remoción de sedimento desde la bahía de Quintero para ser arrojado seis millas de la costa. Lo que más complica con esto es que se va a incrementar el movimiento de cargas peligrosas como el caso de hidrocarburos, gases químicos y concentrado de cobre en la bahía sobre los cuales ha habido una incapacidad total del Estado de poder controlar y dar garantía a la ciudadanía para se generen procesos libres de riesgo para los habitantes de la zona”, planteó el asesor de las Mujeres en Zona de Sacrificio.
